Diferente nombre, misma historia. |
“Recadi
fue causa de la quiebra del país” , concluyó de la manera más
terminante, categórica y dramática el Informe Preliminar elaborado
por la Comisión Especial del Congreso de la República, designada
para investigar el cúmulo de factores que condicionaron y
determinaron La Gran Estafa. El Régimen de Cambios Diferenciales
implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero
de 1989, durante los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime
Lusinchi, fue un instrumento utilizado por la élite gubernamental y
económica para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y
ventajas económicas, evadir leyes y lucrarse en grupo e
individualmente, en detrimento de los intereses nacionales.
En los
años de aplicación de este sistema cambiario múltiple, continuó
el robo de capitales no voluntariamente repatriables, las
importaciones aumentaron tanto, que el incremento condujo al
desbordamiento irresponsable del presupuesto nacional de divisas, lo
que redujo a casi cero la posición de las reservas internacionales
en poder del Banco Central. Además, la escalada inflacionaria
pulverizó el salario y el ingreso real de los trabajadores, y el
bolívar experimentó la más fuerte devaluación y pérdida del
poder adquisitivo que se haya conocido.
Apelando
a la ingeniería de procesos, el análisis mostró que la falla
neurálgica de RECADI lo fue la ficticia verificación de
importaciones que se pretendió realizar. Si usted quería importar a
Venezuela un televisor que en el mercado internacional costaba 100
dólares, lo normal era “cuadrarse” con el proveedor para que la
factura dijera que ese TV cuesta $500, luego, al recibir los dólares
baratos del gobierno usted daba una comisión y lo ganado
ilícitamente lo depositaba en un banco en el exterior.
Hoy
vemos que las solicitudes de divisas se incrementan exponencialmente
año tras año sin corresponder con la cantidad de bienes importados.
Cualquier producto que se importe puede llevar inyectado el germen de
la sobrefacturación porque su precio no corresponde con los costos
promedios en el mercado internacional. El importador recibe dólares
baratos para pagar las abultadas facturas proforma, da una comisión
y deposita el resto de divisas en cuentas extranjeras. Al entrar el
producto al país, ya ostenta un costo inicial escandaloso lo cual
desata la especulación aguas abajo. Por eso es que los precios en
Venezuela son irreales respecto a los que se manejan a nivel mundial.
La Ley
Orgánica de Precios Justos, instruye en sus artículos 5, 6, 32 y 33
supervisar el correcto uso de las divisas y establece mecanismos para
garantizar el precio justo de los productos en toda la cadena de
comercialización, no únicamente en el minorista. La clave está en
verificar el costo inicial del producto a importar y atacar
frontalmente la sobrefacturación. Hasta el mismo presidente de
Fedecámaras, Jorge Roig, descaradamente admite en entrevistas que
las empresas sí sobrefacturan. Esto es un fraude a la nación y es
el eje sobre el que gira la guerra económica. Roban divisas a tasa
preferencial, mientras destruyen la economía del país con la
vorágine especulativa.
El
precio justo de cualquier producto debe garantizarse desde la génesis
de la cadena de comercialización. Si no se exige que el importador
compre y traiga bienes adquiridos a precio real, es inútil cualquier
proceso de fiscalización posterior porque, al final, el 30% de
ganancia del minorista estaría calculado sobre el 500% de ganancia
ilícita ya captado por el importador inescrupuloso y delincuente.
Antes de otorgar las divisas, ya se puede determinar si las mismas se
solicitan fraudulentamente y negarlas. Eso pondría en jaque a
Fedecámaras y la burguesía parasitaria que roba a todos los
venezolanos.
La
Guerra Económica se gana verificando estrictamente los precios de
las importaciones. No hacerlo nos haría repetir la misma historia de
RECADI y quizá dar cabida a la especulación perpetua, evidente
Némesis del proceso revolucionario. El tiempo corre.
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