Estadounidenses asombrados criticaron que varias redes sociales bloquearan a Trump en sus plataformas de mensajería cristalizando la idea del poder corporativo por encima del poder político, el capital pisoteando el poder constituido democráticamente. Pero ¿el expresidente empresario es acaso una víctima del poder económico? ¿Qué pasó con aquello de la libertad de expresión en las redes sociales de Mark Zuckerberg?
Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram son espacios cuyo funcionamiento y reglas están cimentadas sobre intereses económicos. Ya es normal para estas empresas de comunicación, las estadounidenses, hacer gala de la censura excluyendo a personajes, entes o instituciones que buscan comunicar informaciones de interés colectivo. Son plataformas que legitiman tanto la injerencia en los asuntos de países libres como el crimen imperial. Uno de los países más asediados por decisiones corporativas de este tipo es Venezuela que soporta la censura a personalidades e instituciones legítimamente constituidas, coexistiendo virtualmente con otras figuras de poder surgidas de la ilegalidad dedicadas al crimen en el ciberespacio y en la vida real.
La dictadura de las redes sociales es una figura de poder real constituida, instruida y ejecutada por el accionista dictador dueño de la corporación. Sus pasiones, sus apreciaciones y sus acciones no responden moralmente a nadie. Es el todopoderoso a quien nadie puede tocar, siempre y cuando camine en la misma dirección que los intereses del status quo estadounidense. Viola repetidamente los derechos de los ciudadanos al hacer dinero con su privacidad, controlando a su discreción el flujo de información que inunda las mentes de grandes grupos humanos.
Influye decisivamente en la conducta de aquellos seres en los cuales reside la soberanía: el pueblo. Domina los temas, impone creencias, asesina la ética y pisotea la democracia. Nadie vota por él pero todos los que están en su territorio deben aceptar sus decisiones totalitarias. Inclusive, usuarios con poca dignidad se someten a sus arbitrariedades y piden “consideración” por el cierre de sus cuentas. Como si de un tribunal se tratase aquellos afectados por la dictadura apelan civilizadamente para que las decisiones que afectan sus derechos humanos básicos, el derecho a la libertad de expresión, sean revertidas o reconsideradas.
¿Quién sienta al dictador en el banquillo de los acusados? ¿Qué gobierno u organismo multilateral tiene el poder para controlarlo? ¿Quién le hace una auditoría? ¿Quién puede cuestionar su accionar? Por algo Rusia declaró que la censura sobre el presidente saliente de EEUU era algo similar a una explosión nuclear en el ciberespacio. Hoy tenemos a corporaciones genocidas que aniquilan el libre pensamiento a su antojo, no sólo en el mundo real sino también en el mundo virtual.
