¿Especulación perpetua?

Diferente nombre, misma historia.

“Recadi fue causa de la quiebra del país” , concluyó de la manera más terminante, categórica y dramática el Informe Preliminar elaborado por la Comisión Especial del Congreso de la República, designada para investigar el cúmulo de factores que condicionaron y determinaron La Gran Estafa. El Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, durante los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, fue un instrumento utilizado por la élite gubernamental y económica para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales.

En los años de aplicación de este sistema cambiario múltiple, continuó el robo de capitales no voluntariamente repatriables, las importaciones aumentaron tanto, que el incremento condujo al desbordamiento irresponsable del presupuesto nacional de divisas, lo que redujo a casi cero la posición de las reservas internacionales en poder del Banco Central. Además, la escalada inflacionaria pulverizó el salario y el ingreso real de los trabajadores, y el bolívar experimentó la más fuerte devaluación y pérdida del poder adquisitivo que se haya conocido.

Apelando a la ingeniería de procesos, el análisis mostró que la falla neurálgica de RECADI lo fue la ficticia verificación de importaciones que se pretendió realizar. Si usted quería importar a Venezuela un televisor que en el mercado internacional costaba 100 dólares, lo normal era “cuadrarse” con el proveedor para que la factura dijera que ese TV cuesta $500, luego, al recibir los dólares baratos del gobierno usted daba una comisión y lo ganado ilícitamente lo depositaba en un banco en el exterior.

Hoy vemos que las solicitudes de divisas se incrementan exponencialmente año tras año sin corresponder con la cantidad de bienes importados. Cualquier producto que se importe puede llevar inyectado el germen de la sobrefacturación porque su precio no corresponde con los costos promedios en el mercado internacional. El importador recibe dólares baratos para pagar las abultadas facturas proforma, da una comisión y deposita el resto de divisas en cuentas extranjeras. Al entrar el producto al país, ya ostenta un costo inicial escandaloso lo cual desata la especulación aguas abajo. Por eso es que los precios en Venezuela son irreales respecto a los que se manejan a nivel mundial.

La Ley Orgánica de Precios Justos, instruye en sus artículos 5, 6, 32 y 33 supervisar el correcto uso de las divisas y establece mecanismos para garantizar el precio justo de los productos en toda la cadena de comercialización, no únicamente en el minorista. La clave está en verificar el costo inicial del producto a importar y atacar frontalmente la sobrefacturación. Hasta el mismo presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, descaradamente admite en entrevistas que las empresas sí sobrefacturan. Esto es un fraude a la nación y es el eje sobre el que gira la guerra económica. Roban divisas a tasa preferencial, mientras destruyen la economía del país con la vorágine especulativa.

El precio justo de cualquier producto debe garantizarse desde la génesis de la cadena de comercialización. Si no se exige que el importador compre y traiga bienes adquiridos a precio real, es inútil cualquier proceso de fiscalización posterior porque, al final, el 30% de ganancia del minorista estaría calculado sobre el 500% de ganancia ilícita ya captado por el importador inescrupuloso y delincuente. Antes de otorgar las divisas, ya se puede determinar si las mismas se solicitan fraudulentamente y negarlas. Eso pondría en jaque a Fedecámaras y la burguesía parasitaria que roba a todos los venezolanos.

La Guerra Económica se gana verificando estrictamente los precios de las importaciones. No hacerlo nos haría repetir la misma historia de RECADI y quizá dar cabida a la especulación perpetua, evidente Némesis del proceso revolucionario. El tiempo corre.