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| Jorge Roig, Pdte de Fedecámaras, estrechándo la mano de Maduro |
Acabo
de ver por televisión al jefe del Órgano Superior para la Defensa
Popular de la Economía, Hebert García Plaza, en un concesionario
donde unas camionetas Ford Explorer que deberían ser vendidas a un
precio de 900 mil bolívares, están ofertadas en tres millones 300
mil bolívares. Esto indica que comprar cualquiera de estos vehículos
equivale a pagar más que por la compra de un apartamento en la
ciudad de Caracas. Evidentemente, se comete el delito de usura con el
agravante de que la empresa evade impuestos según informó el
funcionario.
Fedecámaras
y el sector empresarial privado, se sientan en la mesa de diálogo
con el Gobierno Bolivariano y disimulan ante el país “trabajar”
por la estabilización de la economía. Lo que contrasta, es que
siguen habiendo inspecciones en empresas del sector donde la
especulación, la usura, la estafa y el robo son el común
denominador. Es falso que el sector privado busque unir esfuerzos con
el sector gubernamental para la recuperación económica. Su
estrategia de mostrarse colaborador ante las cámaras, ante el país,
sólo busca dejar ver que “ellos” ponen todo de su parte y que,
al final, las cosas malas que suceden son culpa de quienes rigen al
Estado.
En
Venezuela, gran parte de la empresa privada es tan parasitaria y
mafiosa, que las autoridades fiscalizadoras podrían pasar 25 años
transmitiendo diariamente los desmanes especulativos y usureros
cometidos en los comercios al realizar las inspecciones, a un
promedio de 15 establecimientos por jornada. Inclusive, todos hemos
visto que los locales reinciden en prácticas especulativas luego de
haber sido multados. No cabe duda que estafar al pueblo les genera
tantos dividendos que se pueden dar el “lujo” de pagar las multas
y seguir delinquiendo abiertamente.
El
crimen más cometido en el país es la especulación y usura, pero
ningún venezolano ha visto a algún culpable de ello. Nadie ha
logrado ver la foto de un empresario esposado siendo llevado por las
autoridades, de hecho, en el imaginario colectivo se maneja la idea
de que no hay ningún recluído cumpliendo condena por cometer este
tipo de crímenes contra el pueblo. Por consiguiente, se proyecta en
la sociedad una lenidad latente ante este tipo de ilegalidades, lo
que aupa se sigan cometiendo.
El
sector privado sigue su estrategia desestabilizadora solapadamente.
“Señor, cuídame del agua mansa que de la brava me cuido yo”
reza un dicho popular. Cada día es más inclemente el ataque de
brazos caídos.
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